Fecha: 24/02/2006

Si a los precandidatos para la Presidencia de la República se les
pregunta cómo van a resolver los problemas que heredarán de los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, la respuesta es un conjunto de
generalidades sonoras.
Ninguno querrá admitir que se verá obligado a subir los precios de los
combustibles y de los servicios que ofrece el Estado, para tapar el agujero
fiscal que podría llegar a los $1 000 millones. Tampoco querrá imaginar que
en esa herencia podría estar la "papa caliente" de la Oxy, si este Gobierno
alarga el cuento hasta diciembre; o la renegociación de contratos petroleros
que, en boca de Palacio, sonaron a amenaza de bravucón de barrio, por
aquello de que en la plazuela valen más los desplantes; o la firma del
resbaladizo TLC.

Ningún precandidato quiere ver, en serio, las dificultades que tendrá
al disponerse a manejar el Presupuesto General del Estado, y los
violentísimos reclamos provinciales, que hacen una ecuación establecida por
los ofrecimientos que los gobernantes han realizado para salir del paso y
encargar el muerto al que vendrá.
Más bien, cada precandidato asume que nadie -a excepción de él- es el
indicado o la indicada para desatollar al país. Cuando se raspa un poco en
esto que parece una "iluminación" subjetiva, no se encuentran argumentos
convincentes a, por ejemplo, cómo, en un caso, va a librarse de la poderosa
influencia de los jerarcas de su partido; en otro, tampoco satisfacen las
respuestas para saber de qué manera va a lidiar con el equilibrio de fuerzas
de lo que se llama la "tendencia", ni siquiera cómo esa tendencia va a
consolidar su candidatura; en otro, resultan indigeribles sus promesas de
resolver las cosas matando la dolarización, haciendo economía sin los
"contadores", a fuerza de dignidad e ideología antiimperialista; en aquel de
allá, ya aburre el consabido discurso que dice, sin decir: debo ser elegido
porque soy el hombre más adinerado del Ecuador y puedo repartir viviendas;
en ese de acullá, pretender la elección únicamente por haber sido ministro
de tal o cual gobernante, o porque "yo sí" le voy a parar el carro al dueño
del país... En fin.

Con todos esos actores, el proceso electoral será un juego de espejos,
una vez más. Un juego alegre, o un juego de sangre, pero juego. Es que en la base están inamovibles unas normas electorales convenientemente defendidas por mayorías parlamentarias que son sus beneficiarias. De modo que, el 15 de enero de 2007, con toda seguridad, daremos la bienvenida a un nuevo mandatario, o mandataria, le desearemos éxito y viento en popa y, una vez más, nos haremos la ilusión de que todo va a cambiar, aun cuando más temprano que tarde constataremos que nuevamente no habrá mayoría
parlamentaria aliada del Ejecutivo, que se reeditará la pugna de poderes,
que las grandes decisiones nacionales continuarán tomándose en los
aduladeros de los dueños de los partidos políticos, que la economía no
cambiará su vocación de servir a la acumulación de riqueza en una élite
insaciable, que será imposible construir una política social profunda desde
el Estado, que el populismo -en cualquiera de sus versiones- nos habrá
vuelto a poner una zancadilla, que el mundo no para de dar vueltas para que
todo siga igual. Punto aparte.

Tras el punto aparte, hago una pausa. Tomo conciencia del pesimismo
que exuda lo que escribo. Intento concluir esta nota con alguna idea que
contraste, que ofrezca algo de optimismo en el futuro de la llamada "clase"
política del país, pero no la encuentro, quizá porque es más cómodo ser así,
por aquello de que siempre lo peor es cierto.